Por Astrid Austria, asociada en Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes en el área de Responsabilidad Penal y Cumplimiento.
Los objetivos de desarrollo sostenible se basan en normas internacionales de derechos humanos que se traducen en acciones a implementar por los estados para cumplir con las mejores prácticas de responsabilidad social y motivar al cumplimiento del compliance en materia de derechos humanos, además cada uno de los ODS hace referencia a un derecho humano en específico. (1)
El objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas que consiste en “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y todas, crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” (2) se traduce en los esfuerzos de los estados parte, del sector privado, de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales, entre otros, de implementar las mejores prácticas en la defensa de los derechos humanos, específicamente al hablar del Pro Bono, del derecho fundamental del acceso a la justicia a todas las personas, ya que los ODS se basan en la convicción de los estados parte de que el desarrollo económico impulsará a enfrentar la pobreza así como las injusticias sociales y económicas.
Para poder hablar del ODS 16 y los objetivos de la implementación de la práctica Pro Bono en las firmas legales en México, es importante precisar que conforme al índice de Percepción de la Corrupción 2022 (“IPC”) que Transparencia Internacional dio a conocer el 31 de enero de 2023, se puso en evidencia que la mayor parte de los países no están combatiendo la corrupción de manera eficiente para garantizar el Estado de derecho, lo que trae como consecuencia la falta de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades encargadas de la impartición y administración de justicia. (3)
Además, organizaciones cuyo mandato es promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina como la Fundación para el Debido Proceso, (por sus siglas en inglés “DPLW” o “Due Process of Law Foundation”), ha destacado que la omisión de las autoridades e instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia, así como las violaciones de derechos humanos, siguen siendo la regla y no la excepción.
Es por lo anterior que el sector privado en México desempeña un papel fundamental en cuanto al desarrollo de las mejores prácticas en materia de protección de los derechos humanos al hacer negocios, lo cual se traduce en un compromiso ético al ejercer la abogacía que se ve reflejado en la responsabilidad social de las firmas legales al participar activamente en la creación de un Estado de derecho mediante la prestación de servicios jurídicos gratuitos a la población, encaminados al cumplimiento del ODS 16, de garantizar el acceso a la justicia para todas las personas sin importar raza, etnia, nacionalidad, clase, religión, creencias, sexo, género, lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, edad, estado de salud u otra condición, es decir, a ser tratados dignamente, de manera equitativa, con interseccionalidad y perspectiva de género por todas las autoridades encargadas de la impartición y administración de justicia en nuestro país.
Astrid Austria.
(1) Shift, Oxfam y Global Compact Network Países Bajos “Hacer negocios respetando los Derechos Humanos: Una herramienta guía para las empresas”, 2016. Traducción al español, 2019, pág. 114.
(2) https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/