Desde el inicio de la pandemia en América, los esfuerzos por detener al virus y la enfermedad se han visto negativamente afectados por el contexto propio del continente, anterior a la pandemia. La discriminación, pobreza, desigualdad, debilidad estructural de los sistemas públicos de salud y muchas veces, la inestabilidad política e institucional propician condiciones desfavorables para amplios grupos sociales con COVID-19, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad.
Además de dificultar la eficacia de las medidas de confinamiento y distanciamiento social y otras acciones preventivas en concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las personas con COVID-19 corren un especial riesgo de no ver asegurados sus derechos humanos, en particular a la vida y a la salud, mediante la adecuada disposición de instalaciones, bienes y servicios sanitarios o médicos.
Es por eso que la Resolución No. 4/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene como objetivo establecer “Directrices Interamericanas sobre los Derechos Humanos de las personas con COVID-19”, que fueron elaboradas por la Sala de Coordinación para Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI-COVID19) instalada por la Comisión en su Secretaría Ejecutiva, en coordinación con sus Relatorías Especiales, para contribuir al enfrentamiento de la Pandemia y sus efectos para los derechos humanos en las Américas.
