Karla Mandujano es egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y forma parte del equipo de Intellectual Property, Media and Technology (IPMT) de Hogan Lovells Cadwalader. Su práctica se centra en propiedad intelectual y gestión de activos intangibles, con especial interés en la protección del patrimonio cultural y su relación con los derechos humanos.
Montserrat González es egresada de la Universidad Panamericana y especialista en propiedad intelectual y litigios administrativos en Hogan Lovells Cadwalader. Cuenta con experiencia en la protección de marcas, patentes y derechos de autor, además de liderar programas de derechos humanos, diversidad e inclusión en colaboración con organizaciones de la sociedad civil.
Dentro del marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, es importante destacar el trabajo Pro Bono como puente de acceso a la justicia. El acompañamiento y asesoría en procesos administrativos y judiciales hace que este derecho sea tangible para las comunidades indígenas, quienes históricamente han enfrentado barreras para acceder a mecanismos de defensa de sus derechos.
Las diferencias lingüísticas, culturales o de organización comunitaria representan desafíos para el acompañamiento profesional, pero también oportunidades valiosas de autorreflexión sobre nuestra propia identidad y la riqueza de la diversidad cultural que existe en nuestro país. Comprender estas diferencias nos permite ejercer la abogacía de manera más sensible y efectiva.
La protección del patrimonio cultural nos recuerda que la justicia también se construye desde la colaboración y el entendimiento mutuo. Un ejemplo destacado es el programa de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, que vincula a abogados jóvenes y estudiantes de derecho para brindar asesoría jurídica y dar seguimiento a litigios administrativos y civiles en comunidades indígenas.
Un aspecto valioso de este programa es que publica sus resultados a través de boletines que sirven como mecanismo de retroalimentación con las comunidades. Esta práctica no solo promueve el acercamiento de futuros abogados y abogadas al acceso a la justicia en comunidades, sino que también genera consciencia social, experiencia profesional y un impacto positivo en quienes participan.
En el ámbito de la defensa del territorio, vale la pena mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos emblemáticos como Awas Tingni vs. Nicaragua y Sarayaku vs. Ecuador, ha reconocido el vínculo sagrado que los pueblos indígenas mantienen con elementos de su territorio como cerros, ríos y bosques. Estos espacios no son solo recursos naturales, sino lugares donde habitan espíritus y descansan sus ancestros. Por ello, la jurisprudencia interamericana exige que cualquier intervención en estos territorios cuente con una consulta previa, libre e informada, buscando el consentimiento de las comunidades antes de aprobar proyectos que puedan afectar sus tierras.
Otro tema que ha cobrado relevancia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas es la protección del patrimonio cultural textil en México. Este es un asunto de propiedad intelectual que involucra la defensa de derechos colectivos desde una perspectiva interseccional, especialmente considerando que quienes elaboran textiles y bordados son principalmente mujeres indígenas que enfrentan discriminación múltiple y, al mismo tiempo, sostienen económicamente a sus familias.
Las mujeres indígenas enfrentan una realidad particularmente compleja: cargan con barreras históricas que afectan a los pueblos originarios, pero además experimentan desigualdades de género, exclusión económica y, en muchos casos, falta de acceso a educación y servicios básicos. Esta acumulación de vulnerabilidades las coloca en una posición donde sus derechos son frecuentemente invisibilizados. Por eso, cuando hablamos de proteger el patrimonio textil, no solo estamos hablando de diseños o técnicas ancestrales, sino de reconocer el trabajo de mujeres que sostienen tradiciones culturales mientras enfrentan múltiples formas de marginación.
La consciencia que existe actualmente sobre la valiosa labor de las mujeres artesanas se ha vuelto más evidente y cercana. No es una moda pasajera; es el resultado del trabajo arduo que ha existido a lo largo de muchas generaciones que han buscado este reconocimiento. Hoy, ese esfuerzo exige mecanismos jurídicos concretos para su protección, como los contratos de colaboración entre artesanos y marcas, el registro y documentación del patrimonio cultural, y la capacitación jurídica para las comunidades de artesanos y artesanas.
Existen diversos casos que han propiciado un debate importante sobre la apropiación cultural y la protección de los derechos colectivos. Entre ellos destacan la blusa tradicional de la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec, los diseños textiles otomíes de Tenango de Doria y el calzado tradicional de Yalálag. Todos comparten un mensaje común: el patrimonio cultural no es una expresión de vanidad, sino una manifestación de identidad y conocimiento ancestral. Las comunidades no son actores pasivos y buscan activamente preservar y defender sus derechos.
En conclusión, el trabajo Pro Bono nos recuerda que el conocimiento profesional es una herramienta poderosa de transformación social cuando se pone al servicio del bien común, como lo es el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. Ya sea en la defensa del territorio, la protección del patrimonio cultural o el fortalecimiento del acceso a la justicia, estas alianzas entre profesionales y comunidades contribuyen a la construcción de una sociedad más inclusiva.
Por Karla Mandujano, integrante del equipo de Intellectual Property, Media and Technology (IPMT) y Montserrat González, especialista en propiedad intelectual y litigios administrativos en Hogan Lovells Cadwalader.
