Por Nayeli Rivera, Abogada Senior en MetLife México, especialista en Derecho Penal Corporativo, con 15 años de experiencia legal.
El 5 de junio, además de ser una fecha conmemorativa del Día Mundial del Medio Ambiente, también es un recordatorio urgente de la corresponsabilidad que tenemos como sociedad -y como profesionistas del Derecho- frente a la crisis climática y la desigualdad ambiental que vivimos.
Desde la perspectiva legal, los desafíos medioambientales contemporáneos requieren mucho más que declaraciones políticas o compromisos empresariales. Requieren marcos normativos robustos, acceso a la justicia ambiental y, sobre todo, participación activa de quienes tradicionalmente han sido excluidos de los procesos de toma de decisiones.
Si bien México ha avanzado en materia ambiental al contar con una Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, regulaciones sobre cambio climático, biodiversidad y residuos, así como la incorporación de tratados internacionales clave como el acuerdo de Escazú vigente desde 2021, lo cierto es que el acceso a esa justicia es profundamente desigual.
Comunidades rurales, pueblos indígenas, organizaciones sociales y hasta colectivos urbanos, enfrentan una asimetría brutal frente a grandes desarrolladores, industrias extractivas o autoridades omisas. Las barreras van desde el desconocimiento de sus derechos, la falta de recursos para litigar, hasta la criminalización de la protesta ambiental.
Aquí es donde el trabajo pro bono ha demostrado ser un puente entre el conocimiento legal técnico y las necesidades sociales más urgentes, ya que gracias a él, se ha logrado impulsar amparos colectivos contra megaproyectos que atentan contra el medio ambiente, asesorar jurídicamente a comunidades para lograr el acceso a agua limpia, capacitar a defensores ambientales sobre sus derechos y mecanismos de denuncia, acompañar litigios climáticos que buscan responsabilidad estatal ante omisiones en materia de adaptación y mitigación, entre otras.
Estas acciones no solo han contribuido al fortalecimiento del Estado de Derecho, sino que también promueven una cultura jurídica más justa, participativa y alineada a los objetivos de desarrollo sostenible. El verdadero compromiso con la sostenibilidad, debe incluir el apoyo activo a mecanismos y justicia ambiental, y esto se logra, entre otras cosas, con la participación activa por parte de profesionistas del derecho, que generen impacto comunitario.
Por ello, este Día Mundial del Medio Ambiente la invitación es clara: desde cualquier trinchera jurídica, el compromiso debe ser con la justicia climática y ambiental. No se trata sólo de conocer la ley, sino de ponerla al servicio de quienes más lo necesitan.
Nayeli Rivera, MetLife.
