Nayeli Rivera, Abogada Senior en MetLife México, especialista en Derecho Penal Corporativo, con 15 años de experiencia legal.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, vale la pena detenernos un momento y mirar con honestidad el papel que desempeñan las empresas en la construcción de un entorno más sostenible. Desde la práctica jurídica corporativa, esta reflexión no es lejana: está presente en decisiones cotidianas, en la forma en que asesoramos, prevenimos riesgos y estructuramos proyectos. Cada cláusula, cada política y cada recomendación puede contribuir, o no, a generar un impacto positivo.
Hoy resulta difícil concebir a una empresa exitosa sin un compromiso claro con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Más allá de etiquetas, se trata de integrar una forma distinta de operar, donde la rentabilidad convive con la responsabilidad y donde el cumplimiento normativo es apenas el punto de partida. Las empresas que asumen este enfoque entienden que su actividad tiene efectos reales sobre el entorno natural y social, y actúan en consecuencia. Esto implica anticiparse a la regulación, fortalecer sus controles internos, adoptar prácticas transparentes y, sobre todo, tomar decisiones informadas que reduzcan riesgos y generen valor a largo plazo.
Desde el derecho, este proceso tiene una dimensión particularmente relevante. La función legal ya no se limita a validar operaciones o reaccionar ante contingencias; hoy acompaña la estrategia del negocio. Participamos en el diseño de estructuras más responsables, en la evaluación de impactos y en la definición de estándares que, en muchos casos, superan las exigencias legales mínimas. En ese sentido, el ejercicio profesional también exige una mirada crítica: no basta con que algo sea legal, es necesario preguntarse si es consistente con los principios de sostenibilidad y ética que la organización dice promover.
Sin embargo, la discusión no se agota dentro de la empresa. Existe otra dimensión en la que el trabajo legal puede tener un impacto profundo: el acceso a la justicia. En temas ambientales y sociales, muchas comunidades, organizaciones civiles y proyectos sustentables enfrentan barreras significativas para defender sus derechos o materializar sus iniciativas. La falta de recursos económicos y de asesoría especializada suele ser un obstáculo determinante. Es ahí donde el trabajo pro bono adquiere una relevancia particular.
Brindar asesoría jurídica de manera gratuita no es únicamente un acto solidario; es una herramienta concreta para equilibrar el acceso al sistema legal. En materia ambiental, este acompañamiento puede resultar decisivo. Desde la defensa de territorios y recursos naturales hasta la estructuración de proyectos de energía limpia o conservación, la intervención legal permite que estas iniciativas se desarrollen con mayor solidez y posibilidades reales de éxito. Asimismo, en casos relacionados con derechos colectivos, contar con apoyo jurídico puede marcar la diferencia entre ser escuchado o quedar al margen.
Para quienes ejercemos en el ámbito corporativo, el trabajo pro bono también representa una oportunidad de ampliar nuestra perspectiva. Nos acerca a realidades distintas, a problemáticas complejas y, muchas veces, urgentes. Nos recuerda que el derecho no solo es una herramienta de negocio, sino también un instrumento de justicia. Esta experiencia suele traducirse en un ejercicio profesional más consciente, más completo y, en muchos casos, más humano.
Las propias empresas pueden encontrar en estas iniciativas una forma genuina de materializar sus compromisos sociales. Promover programas de asesoría pro bono, facilitar la participación de sus equipos legales y reconocer el valor de este trabajo contribuye a construir culturas organizacionales más coherentes. No se trata de acciones aisladas, sino de integrar este tipo de esfuerzos dentro de una visión más amplia de responsabilidad.
En el contexto actual, donde los desafíos ambientales son cada vez más evidentes, la contribución del sector privado resulta indispensable. Pero esa contribución no se limita a grandes inversiones o proyectos visibles. También se construye desde acciones más discretas, como la asesoría responsable, la prevención de riesgos y el acompañamiento legal a quienes lo necesitan.
El Día Mundial del Medio Ambiente es, en esencia, una invitación a reconocer que todos tenemos un rol. Desde la práctica legal corporativa, ese rol es claro: actuar con criterio, con ética y con una visión de largo plazo. Ya sea dentro de la empresa o a través del trabajo probono, el derecho tiene la capacidad de incidir de manera directa en la construcción de un entorno más justo y sostenible. La pregunta, entonces, no es si podemos contribuir, sino cómo elegimos hacerlo día a día.
Por Nayeli Rivera, Abogada Senior en MetLife México
