Ana Sofía Mendoza cursa la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, con una formación enfocada en una perspectiva integral del derecho. Actualmente, colabora en la práctica de Derecho Laboral de Cannizzo. Anteriormente, participó en la práctica de Derecho Corporativo en la firma y realizó una pasantía en la Notaría 29 de la Ciudad de México, colaborando en diversos actos notariales. Asimismo, participa en iniciativas pro bono orientadas a fortalecer el acceso a la justicia.
El trabajo digno constituye un elemento esencial para el desarrollo de las personas y de la sociedad. En México, este principio encuentra su fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil. En el mismo sentido, la Ley Federal del Trabajo establece que las normas laborales deben propiciar el trabajo digno o decente, entendido como aquel en que se respeta plenamente la dignidad humana de las personas trabajadoras.
Este reconocimiento jurídico comprende aspectos fundamentales como la igualdad y no discriminación, el acceso a la seguridad social, un salario remunerador, condiciones adecuadas de seguridad y salud y respeto a los derechos colectivos de las personas trabajadoras. En el ámbito internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce como principios y derechos fundamentales en el trabajo la libertad de asociación y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación y el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable.
Sin embargo, el reconocimiento de estos derechos en las normas no garantiza por sí mismo su ejercicio efectivo. Existen personas trabajadoras que, por razones económicas, sociales o por encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, pueden enfrentar dificultades para obtener orientación jurídica o acceder a mecanismos adecuados para la defensa de sus derechos. Es precisamente en este espacio donde el trabajo pro bono puede convertirse en una herramienta para acercar el derecho a quienes más lo necesitan.
La prestación de servicios jurídicos pro bono permite que abogados, despachos y otras organizaciones del sector privado pongan sus conocimientos y experiencia al servicio de personas y comunidades que, de otra manera, podrían enfrentar mayores obstáculos para acceder a una defensa jurídica. En materia laboral, esta labor puede contribuir a identificar vulneraciones de derechos, orientar a las personas trabajadoras sobre los mecanismos disponibles para su protección y acompañarlas en la búsqueda de soluciones que permitan hacer efectivos sus derechos.
El trabajo pro bono también tiene una dimensión preventiva. La asesoría jurídica, la capacitación y la difusión de información sobre derechos laborales pueden contribuir a que las personas conozcan sus derechos antes de que estos sean vulnerados y, al mismo tiempo, generar mayor conciencia entre empleadores, organizaciones y comunidades sobre las prácticas necesarias para construir relaciones laborales más justas y promover una cultura de respeto a los derechos humanos. De esta manera, la participación pro bono no debe entenderse únicamente como una respuesta ante un conflicto existente, sino como una herramienta que puede ayudar a prevenir prácticas de discriminación, explotación y otras formas de afectación a la dignidad de las personas trabajadoras.
La construcción de espacios laborales dignos requiere la participación de autoridades, empleadores, personas trabajadoras y sociedad civil. Dentro de este esfuerzo colectivo, los profesionales del derecho y el sector privado cuentan con conocimientos y herramientas capaces de generar un impacto que trascienda un asunto particular. Poner esas capacidades al servicio de quienes enfrentan mayores barreras para ejercer sus derechos representa una forma concreta de responsabilidad social y de compromiso con el acceso a la justicia.
Porque la defensa de los derechos laborales no comienza únicamente cuando surge un conflicto; comienza cuando el conocimiento jurídico se convierte en una herramienta accesible para prevenir vulneraciones, combatir la explotación y hacer del trabajo digno una realidad para todas las personas.
Por Ana Sofía Mendoza, colaboradora de la práctica de Derecho Laboral de Cannizzo
