Lucía García, abogada de la práctica de litigio civil y mercantil de Cannizzo. Cuenta con experiencia en el diseño de estrategias y la tramitación de procedimientos judiciales en materia corporativa y mercantil, incluyendo disputas entre socios, controversias contractuales, acciones de cumplimiento y nulidad de contratos. Asimismo, asesora y representa a clientes nacionales e internacionales en juicios ordinarios, ejecutivos mercantiles, amparos y procedimientos de ejecución de sentencias.
La trata de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Conforme a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (la “LGPSEDMTP”), este delito implica la acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación.
Para efectos de dicha ley, la explotación comprende, entre otras modalidades, la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena o explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa o la utilización de personas menores de dieciocho años o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad de resistir la conducta en actividades delictivas.
En la especie, la LGPSEDMTP, define la “Situación de Vulnerabilidad” como la condición particular de la víctima derivada de una o más circunstancias específicas, tales como su origen, sexo, condición socioeconómica precaria, religión, orientación sexual, entre otras, que puedan derivar en que la víctima realice la actividad, preste el servicio o ejecute la labor que le sea solicitada o exigida por el agresor. En México, este delito afecta principalmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas migrantes y otros grupos en situación de riesgo.
Aunque en México y en el ámbito internacional existen leyes que buscan prevenir, sancionar y erradicar este fenómeno, muchas víctimas siguen enfrentando grandes obstáculos para acceder a la justicia y obtener una reparación integral del daño.
Lo anterior se encuentra respaldado por el Reporte de Víctimas del Fuero Común, publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el 20 de junio de 2026 en el portal del Gobierno de México, el cual presenta las cifras1 de víctimas de delitos del fuero común nacional, entre ellos el delito de trata de personas, con corte al 31 de mayo de 2026.
En particular, dicho Reporte señala que, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, se registraron 399 víctimas del delito de trata de personas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: (i) 90 víctimas de trata con fines de explotación sexual; (ii) 33 víctimas de trata con fines de explotación laboral, trabajo o servicios forzados; y (iii) 276 víctimas de trata con otros fines de explotación.
Bajo ese contexto, es importante tomar en consideración que, además de las secuelas físicas y psicológicas que sufren las víctimas de este delito, derivadas de la explotación, muchas carecen de recursos económicos para contratar representación legal, desconocen sus derechos o temen denunciar por miedo a represalias de sus tratantes.
En otros casos, enfrentan procesos largos y complejos que pueden derivar en una nueva revictimización cuando las autoridades no cuentan con la capacitación o sensibilidad necesarias para atender este tipo de asuntos. Como consecuencia, un número importante de casos permanece impune y las víctimas no logran acceder plenamente a los mecanismos de protección que les reconoce la ley.
En este contexto, el trabajo jurídico pro bono desempeña un papel esencial para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las víctimas de trata de personas, mediante la orientación jurídica, la representación legal, la obtención de medidas de protección y la búsqueda de una reparación integral del daño.
Asimismo, la labor pro bono fortalece a las organizaciones de la sociedad civil que atienden a las víctimas, al brindarles apoyo en litigios complejos y promover litigios estratégicos que generen precedentes en materia de derechos humanos. De igual forma, contribuye a la prevención del delito mediante la capacitación, el desarrollo de protocolos y la promoción de una cultura de respeto a la dignidad humana.
Si bien esta labor no sustituye la obligación del Estado de investigar, sancionar y reparar las violaciones derivadas de la trata de personas, constituye un complemento fundamental para reducir las barreras de acceso a la justicia y combatir la impunidad. En ese sentido, el trabajo jurídico pro bono reafirma la función social de la abogacía al poner el conocimiento jurídico al servicio de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
En conclusión, la trata de personas continúa representando un importante desafío para el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos. En este contexto, el trabajo jurídico pro bono constituye un complemento fundamental para garantizar la representación legal de las víctimas, fortalecer a las organizaciones que las apoyan y contribuir al combate de la impunidad. Así, la abogacía reafirma su función social al poner el Derecho al servicio de quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.
Por Lucía García, abogada de la práctica de litigio civil y mercantil de Cannizzo
