José Juan Elizondo Soto es licenciado en Derecho y ejerce en el sector asegurador y financiero como Abogado Senior del Área de Negocios de Chubb México. Guiado por la ética, la honestidad y el profesionalismo, participa activamente en el Centro Mexicano Pro Bono, A.C., con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para fortalecer el conocimiento y el acceso a la justicia.
El derecho a la cultura física y a la práctica del deporte constituye una garantía fundamental dentro del marco jurídico mexicano, al reconocer la importancia de estas actividades y bajo este marco, refleja que toda persona tiene derecho a la cultura física y al deporte, y el Estado debe promover, fomentar y estimular su ejercicio bajo principios de universalidad, inclusión y equidad. Bajo este marco, refleja la importancia de la recreación y del deporte como elementos esenciales para el desarrollo integral de los mexicanos.
La importancia de este derecho en la sociedad mexicana radica en que la recreación y el deporte no solo contribuyen al desarrollo físico y emocional de las personas, sino que también ayudan a fortalecer la convivencia social, la integración comunitaria y la prevención de problemáticas sociales. No obstante, su ejercicio efectivo enfrenta diversos retos, entre ellos la desigualdad económica, la insuficiencia de infraestructura adecuada, la limitada disponibilidad de espacios públicos seguros y accesibles, así como la exclusión de ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Además, se suma a ello, la persistencia de hábitos de vida sedentarios y la falta de incentivación a la activación física, factores que también inciden en la baja participación de la población a estas actividades.
De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mediante el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) muestran que, en 2025, el 44.5% de la población mexicana de 18 años y más realizó de manera activa actividades físicas y/o deporte, mientras que el 55.5% presentó inactividad física o sedentarismo.
Estas condiciones evidencian que, aunque el derecho se encuentra reconocido jurídicamente, persisten barreras que dificultan su acceso real y equitativo para toda la población.
En este contexto, la intervención en el trabajo pro bono adquiere especial relevancia, ya que los servicios legales gratuitos y de interés público pueden contribuir a asesorar a organizaciones de la sociedad civil y a grupos en situación de vulnerabilidad, con el fin de exigir espacios dignos, impugnar prácticas excluyentes, favorecer un acceso más democrático al deporte. Asimismo, puede fortalecer iniciativas orientadas a promover la activación física, impulsar programas comunitarios de recreación y apoyar proyectos que busquen contrarrestar el sedentarismo mediante entornos más accesibles, incluyentes y seguros para la práctica deportiva.
De este modo, el trabajo pro bono se consolida como una herramienta valiosa que, más allá de la asesoría jurídica, contribuye a hacer efectivo el derecho a la recreación y al deporte en México, al favorecer condiciones de mayor inclusión, acceso y participación para la población. Su alcance radica precisamente en vincular la labor jurídica con la construcción de entornos más justos, en los que este derecho pueda ejercerse de manera real y no solo reconocida en el plano normativo.
Por José Juan Elizondo Soto, Abogado Senior del Área de Negocios de Chubb México
