Michael Reyes Álvarez es abogado con más de 15 años de experiencia profesional, egresado de Derecho del ITESM Campus Monterrey, donde también fue docente en contratos civiles y mercantiles. Cuenta con un MBA de doble titulación (ITESM y Belk College of Business, EE. UU.) y una maestría en Derecho Estadounidense (Temple University). Su trayectoria incluye cinco años en tecnologías de la información y una década en el sector de seguros y reaseguro entre México y EE. UU. Es dictaminador jurídico para contratos de seguros (CNSF) y perito traductor-intérprete Español/Inglés (TSJ Nuevo León).
En mi opinión, la profesión de abogado es una que le permite al profesionista tener una preparación, estudio y entrenamiento sobre el Derecho y las leyes de un país al igual que las formas, reglas y procesos para ejercer esos derechos respetando las leyes. Hablo de experiencia propia después de haber sido alumno de esta profesión al igual que maestro de Derecho.
El facilitar el acceso a la justicia para todas las personas que radican en un país, es algo positivo que genera conciencia sobre las consecuencias (positivas o negativas) que se pueden generan en casi todas las interacciones que las personas tienen entre sí y/o con autoridades; inclusive, de forma preventiva y sin acudir a una instancia judicial, por mutuo acuerdo entre las partes al ponerle fin a un conflicto. Sin embargo, existe una realidad en Mexico en la cual no todas las personas tienen el mismo acceso a la justicia o no tienen noción o conciencia alguna de que sus acciones pueden tener consecuencias legales (inclusive hasta no deseadas).
Por ejemplo, el contratar a un abogado para hacer valer un derecho y/o solicitar se imparta justicia ante un tribunal competente sobre un hecho o acontecimiento, no siempre es algo económico o inclusive gratis. Y es precisamente esta idea o estereotipo lo que disminuye el acceso a la impartición de justicia para mucha gente en nuestro país, especialmente los grupos mas vulnerables de personas como lo son las personas que enfrentan dificultades económicas o algún tipo de discapacidad física o cognitiva.
Por consiguiente, organizaciones sin fines de lucro como el Centro Mexicano Pro Bono A.C., en donde se brinda el apoyo y asesoría legal sin costo a personas o grupos de personas vulnerables en Mexico, ayuda a reducir la brecha entre el tener o no tener acceso a la impartición de justicia en nuestro país. Lo anterior, al ofrecer y proporcionar asesoramiento o apoyo legal gratuito a grupos vulnerables de la población para solucionar los problemas legales que tienen y no pueden afrontar o no saben ni cómo afrontarlos.
Conclusión
El difundir y publicitar en blogs como este, o mediante publicidad de boca en boca de testimonios de personas que han recibido este tipo de apoyos, que existen este tipo de organizaciones que tienen como fin el brindar el apoyo y asesoría legal grupos vulnerables de personas en Mexico sin costo alguno, siembra una “semilla de esperanza” en este sector de la población para que reciban apoyo y asesoría legal que necesitan.
Al mismo tiempo, al brindar este tipo de apoyo sin costo alguna, ayuda a disminuir las trabas o dificultades económicas que las personas o grupos de personas vulnerables tienen para hacer valer sus derechos y tener un acceso a la impartición de justicia, la cual como bien lo dice segundo párrafo el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales…” (énfasis añadido)
Michael Reyes Álvarez, Logotipo de Chubb, Senior Counsel Global Reinsurance Global Legal en Chubb