Julio César Silva es Asociado del área de Derecho Laboral en Cannizzo. Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle y maestro en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana. Cuenta con más de nueve años de experiencia asesorando a empresas nacionales e internacionales en materia de derecho laboral individual y colectivo. Su práctica se enfoca en relaciones laborales, cumplimiento normativo, gestión del capital humano, consultoría preventiva y litigio laboral, brindando soluciones estratégicas para la gestión de riesgos y el fortalecimiento de los objetivos de negocio.
- Reducción de la jornada laboral en México: retos para las organizaciones de la sociedad civil y el valor del trabajo pro-bono
La reducción de la jornada laboral en México representa uno de los cambios más relevantes en materia laboral de los últimos años. La reforma secundaria a la Ley Federal del Trabajo (la “LFT”), publicada en el Diario Oficial de la Federación (el “DOF”) el 1 de mayo de 2026 prevé una reducción gradual de la jornada a partir del 1 de enero de 2027: 46 horas en 2027, 44 horas en 2028, 42 horas en 2029 y 40 horas en 2030.
Si bien el foco de atención se ha centrado en las empresas y grandes empleadores, las organizaciones de la sociedad civil (“OSCs”) también deben prepararse para este cambio. Estas entidades cumplen una función social indispensable: atienden comunidades vulnerables, operan programas de asistencia, educación, salud, derechos humanos, medio ambiente, cultura, inclusión y desarrollo comunitario. Sin embargo, muchas de ellas trabajan con presupuestos limitados, equipos reducidos y una alta dependencia de donativos, voluntariado o financiamiento condicionado. Por ello, la reducción de la jornada laboral puede tener un impacto particular en su operación, costos y continuidad de servicios.
En términos operativos, las organizaciones deberán revisar cómo se distribuyen actualmente las cargas de trabajo. En muchos casos, sus actividades no se limitan a horarios administrativos tradicionales. Algunas brindan atención directa a beneficiarios, acompañamiento en campo, respuesta a emergencias, orientación psicológica, asistencia legal, visitas comunitarias o servicios que requieren continuidad diaria. La disminución de horas semanales puede obligarlas a rediseñar turnos, reasignar funciones, establecer horarios escalonados o definir con mayor precisión qué actividades son prioritarias y cuáles pueden calendarizarse de manera distinta.
El reto no consiste únicamente en reducir horas. También implica conservar la calidad y continuidad de los servicios. Desde el punto de vista económico, la reforma también puede generar presiones relevantes, respecto de analizar el impacto económico de la reducción de la jornada frente al pago de tiempo extraordinario, la eventual contratación de personal adicional o la automatización de procesos que no requieran intervención directa de trabajadores. Para las OSCs, estas decisiones pueden ser especialmente complejas, pues no siempre cuentan con margen presupuestal para contratar más personal o absorber costos adicionales no previstos.
Además, aunque la reforma conserva el límite de hasta doce horas extraordinarias semanales, también prevé la posibilidad de excederlo sin rebasar cuatro horas adicionales, para un total máximo de dieciséis horas extraordinarias por semana; sin embargo, las OSCs deberán evitar depender del tiempo extraordinario como solución permanente, pues ello podría incrementar costos laborales y de seguridad social, generando riesgos de incumplimiento.
En este contexto, el trabajo pro bono de abogadas y abogados puede ser una herramienta clave para acompañar a las OSCs en el proceso de transición, permitiendo que estas accedan a asesoría especializada para entender el alcance de la reforma, identificar riesgos y tomar decisiones informadas antes de que los cambios entren plenamente en vigor, pudiendo contribuir, a revisar si los documentos laborales reflejan correctamente los horarios actuales, si existen prácticas informales que deben regularizarse, qué ajustes serán necesarios conforme avance la reducción gradual de horas, así como coadyuvar a diseñar escenarios de implementación que podrían incluir el reorganizar turnos, modificar horarios de atención, capacitación del personal para cubrir funciones cruzadas o evaluar la contratación de personal adicional o la redistribución de actividades entre áreas. La asesoría legal permite que estas decisiones se adopten con base en la LFT y la legislación suplementaria y no únicamente desde una lógica administrativa.
Acompañar a las OSCs en la adaptación de sus horarios, políticas y estructuras laborales no solo contribuye al cumplimiento de la nueva normativa, sino también a la permanencia de proyectos que generan impacto positivo en la sociedad.
Por Julio César Silva, Cannizzo
